Concurso de acreedores: qué es, procedimiento, causas y consecuencias

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El concurso de acreedores es una herramienta legal clave cuando una empresa no puede afrontar sus pagos, pero en el caso de los negocios integrados en una red de marca presenta particularidades relevantes. Contratos de larga duración, dependencia operativa y efectos en cadena hacen que entender su funcionamiento sea esencial tanto para franquiciadores como para franquiciados.


En términos generales, cuando una empresa o empresario no puede hacer frente de manera regular a sus obligaciones de pago, se inicia el mecanismo legal conocido como concurso de acreedores. Se trata de un procedimiento judicial de obligada presentación en caso de insolvencia, ya que busca proteger a los acreedores, evitando que la situación financiera empeore, y previniendo responsabilidades para los administradores.

¿Qué norma regula el concurso de acreedores en España?

En España, este procedimiento está regulado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal

Pueden ser declarados en concurso de acreedores todos los deudores, ya sean personas físicas o jurídicas siempre que tengan personalidad jurídica y haya dos o más acreedores.

¿Cómo se desarrolla el concurso?

Una de las funciones principales de la administración concursal es: determinar el activo y el pasivo del concurso, es decir, de una parte los bienes y derechos que integran el patrimonio del concursado, y de otra parte, las deudas y obligaciones.

En España, existen varios tipos de concurso que pueden clasificarse en función de distintos criterios. 

  1. En primer lugar, según quién lo solicite, puede tratarse de un concurso voluntario, presentado por el propio deudor cuando reconoce su situación de insolvencia, o de un concurso necesario, solicitado por uno o varios acreedores legitimados cuando el deudor no cumple con sus obligaciones. 
  2. En segundo lugar, y según el tamaño y la complejidad del procedimiento, puede hablarse de concurso ordinario, de concurso abreviado o exprés —habitual en empresas pequeñas o con muy poca actividad— o de concurso sin masa, que se da cuando no existen bienes. 

Finalmente, según el resultado del procedimiento, el concurso puede concluir mediante convenio, lo que permite que la empresa continúe operando bajo un plan de pagos y condiciones acordadas con los acreedores, o mediante liquidación, que implica el cierre y la venta ordenada de los activos con el objetivo de obtener el mayor valor posible para satisfacer las deudas pendientes. 

El concurso de acreedores aplicado a una franquicia sigue el mismo procedimiento general que cualquier concurso, aunque con particularidades derivadas del propio contrato de franquicia, y del funcionamiento de la red. Así, durante todo el proceso, es fundamental contar con asesoramiento experto por parte de abogados especialistas en franquicias y derecho mercantil.

En este contexto, resulta fundamental el artículo 156 del TRLC, que garantiza el principio de continuidad contractual. Así, la declaración de concurso no permite terminar automáticamente un contrato, por lo que las cláusulas habituales en las franquicias que prevén su resolución por insolvencia quedan sin efecto. 

¿Quién gestiona el concurso?

La Ley Concursal configura al juez del concurso como órgano rector del procedimiento. El Juez se ayuda en la administración concursal a la que se le encomienda la gestión del concurso.

Las consecuencias del concurso en una red de franquicias varían en función de quién sea la parte afectada. Si el franquiciador entra en concurso, la repercusión es mayor porque afecta al conjunto de la red de franquicias. Esto abarca el suministro de productos, formación, asistencia técnica, uso de la marca y, en general, todas las prestaciones que garantizan la viabilidad del sistema. En estos casos, es la administración concursal quien decide el mantenimiento de la franquicia, la salvaguardia de las prestaciones esenciales, así como la posible resolución de los contratos por incumplimiento.

Si el concursado es el franquiciado, se revisa la situación económica de su negocio, los contratos vigentes y la viabilidad de mantener la franquicia. Si el contrato de franquicia genera pérdidas, compromete a los acreedores o existen incumplimientos previos, puede acordarse su resolución; de lo contrario, puede mantenerse para preservar el valor del negocio. En ambos casos, la decisión final depende de si la continuidad de la franquicia aporta valor al concurso y respeta la normativa concursal. 

Los artículos 163 y 164 del TRCL establecen que el contrato puede mantenerse o resolverse según convenga al interés del concurso, y que las consecuencias económicas dependerán del momento del incumplimiento, siendo este aspecto cronológico un elemento decisivo. Así, si el incumplimiento ocurrió antes del concurso, el crédito es concursal; si ocurrió después, es crédito contra la masa, con prioridad absoluta de cobro. 

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En una red de franquicias las señales más habituales para detectar si un franquiciado puede estar acercándose a una situación de insolvencia incluyen retrasos reiterados en el pago de royalties o a proveedores, una reducción significativa del stock sin una justificación comercial sólida, y dificultades para atender los gastos fijos del negocio (alquiler, suministros o nóminas). Las solicitudes frecuentes de aplazamientos o renegociaciones de pagos, así como la existencia de demandas, embargos o cualquier otro procedimiento de reclamación formal también suelen ser indicativas de falta de liquidez.

Cómo superar un concurso de acreedores

Un concurso de acreedores se supera cuando la empresa alcanza un convenio con sus acreedores dentro del plazo legal, estableciendo quitas, esperas o ambas para reordenar las deudas. Se trata de un proceso complejo, en el que uno de los principales retos es evitar cobros individuales fuera del procedimiento y lograr el respaldo de los acreedores para dar viabilidad al negocio.

En el caso del franquiciador, las señales suelen reflejarse en el ámbito de la gestión. Las más evidentes comprenden incumplimientos en el suministro, la asistencia técnica, la logística o el soporte de marketing. Asimismo, el cierre repentino de tiendas propias o unidades gestionadas directamente por la central, los despidos o cambios constantes en el personal responsable,  la falta de comunicación (retrasos o ausencia de respuesta a llamadas y correos), proveedores que dejan de servir por impagos, y un deterioro notable de la marca, también representan claros indicios de alerta.

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